Quieren crear un registro de los niños perdidos en la provincia

Córdoba tiene uno de los índices más bajos de menores extraviados del país, pero esto se debe a que no existe un lugar único donde se reciban las denuncias. También se busca hacer un seguimiento local.

Des­de el blo­que Río Cuar­to pa­ra To­dos, la con­ce­ja­la Gra­cie­la Sa­ra­cho es­tá im­pul­san­do un pro­yec­to de re­so­lu­ción pa­ra re­co­men­dar a la Le­gis­la­tu­ra de la Pro­vin­cia que cree un re­gis­tro de ni­ños ex­tra­via­dos. “Es­te pro­yec­to na­ce de lo que uno ve en los me­dios, ca­da vez hay más chi­cos per­di­dos y uno quie­re sa­ber qué pa­sa con ellos, mu­chos de es­tos ca­sos es­tán vin­cu­la­dos a la tra­ta de personas y a la pro­no­gra­fía in­fan­til”, sos­tu­vo Sa­ra­cho.

Ac­tual­men­te Cór­do­ba tie­ne uno de los más bajos ín­di­ces de me­no­res per­di­dos del país, con 36 de­nun­cias con­tra, por ejem­plo, 1.095 que tie­ne San­ta Fe. Del mis­mo mo­do, la pro­vin­cia ve­ci­na con­cen­tra jun­to a Bue­nos Ai­res el 85,81% de to­dos los chi­cos ano­ta­dos en el país, Cór­do­ba só­lo el 1,13%. És­to se de­be a que no exis­te un lu­gar úni­co don­de se re­ci­ban los ca­sos co­mo sí su­ce­de en las otras pro­vin­cias.

El 11 de ju­nio de 2003, se san­cio­nó la Ley Nº 25.746, a tra­vés de la cual se creó el Re­gis­tro Na­cio­nal de In­for­ma­ción de Per­so­nas Me­no­res Ex­tra­via­das. Se­gún los fun­da­men­tos del pro­yec­to de Sa­ra­cho, és­te “es el me­jor me­dio pa­ra lo­grar un co­no­ci­mien­to ca­bal de la rea­li­dad de los ni­ños ex­tra­via­dos, sus­traí­dos o aban­do­na­dos, per­mi­tien­do con­tar con una ba­se de da­tos na­cio­nal que cen­tra­li­ce, or­ga­ni­ce y con­ci­lie la in­for­ma­ción que, frag­men­ta­da y par­cia­li­za­da, po­seen los juz­ga­dos, los or­ga­nis­mos asis­ten­cia­les de mi­no­ri­dad, las fuer­zas de se­gu­ri­dad y las Or­ga­ni­za­cio­nes No Gu­ber­na­men­ta­les”.

Es­te pro­yec­to de re­so­lu­ción es­ta­ble­ce que pa­ra que fun­cio­ne el re­gis­tro, las fuer­zas de se­gu­ri­dad y los ám­bi­tos ju­di­cia­les de­ben co­mu­ni­car in­me­dia­tamente cuan­do se de­nun­cia el ex­tra­vío de una per­so­na me­nor de edad. “Que­re­mos que la gen­te se res­pon­sa­bi­li­ce con la idea y que to­dos se­pan de la exis­ten­cia del re­gis­tro”, sos­tu­vo la con­ce­ja­la de Río Cuar­to pa­ra To­dos.

Re­gis­tro en nues­tra ciu­dad

La pro­pues­ta no só­lo es­tá des­ti­na­da a ser tra­ta­da des­de un ám­bi­to pro­vin­cial, tam­bién se es­tá pre­pa­ran­do un re­gis­tro si­mi­lar pa­ra Río Cuar­to. En 2003 fue san­cio­na­da la or­de­nan­za 1391/03 que plan­tea­ba la crea­ción del pro­gra­ma “Aler­ta Ni­ño” con el ob­je­ti­vo de re­gis­trar los menores de­sa­pa­re­ci­dos de la ciu­dad y el acom­pa­ñar, ase­so­rar y con­te­ner a las fa­mi­lias del pequeño du­ran­te las bús­que­das.

Es­ta or­de­nan­za es­ta­ble­ce un mo­do de ope­rar que in­clu­ye a la Po­li­cía de la Pro­vin­cia, a De­fen­sa Ci­vil y otras or­ga­ni­za­cio­nes que se en­car­ga­rían de la bús­que­da de los ni­ños y la di­fu­sión de los ca­sos, con con­si­de­ra­cio­nes si­mi­la­res a las de las le­yes de Cór­do­ba (ver re­cua­dro). Aque­lla or­de­nan­za se san­cio­nó con ob­je­ti­vos se­me­jan­tes a los que se plan­tean en la ac­tua­li­dad, pe­ro no se cum­ple y que­dó en el ol­vi­do.

Abuelas Plaza de Mayo identifican 2 hijos de desaparecidos

BUENOS AIRES (AP) - Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron que identificaron a dos hijos de desaparecidos durante la dictadura militar, lo que elevó a 95 los nietos recuperados por esa organización.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, indicó el miércoles en rueda de prensa que los nietos hallados son Laura Catalina, de 31 años, y Federico, de 30, hijos de dos parejas que desaparecieron en 1977 y que fueron criados por sus apropiadores.


Laura es hija de Raúl De Sanctis y Myriam Ovando, que eran militantes de la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo y fueron secuestrados en la provincia de Buenos Aires en abril de 1977.


Ovando se encontraba embarazada de seis meses al momento del secuestro y fue vista por otros detenidos en la prisión clandestina que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en la ciudad de Buenos Aires, donde en julio de ese año dio a luz a una niña.


Según el testimonio que los padres de Ovando dieron años atrás a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, durante su cautiverio la mujer logró enviarles una carta en las que les decía que había dado a luz a una niña, a la que había bautizado Laura Catalina, que les sería entregada por los militares. Sin embargo, la familia Ovando nunca supo más nada de su hija, su nieta ni su yerno.


Federico, en tanto, es hijo de Liliana Pereyra y Eduardo Cagnola, estudiantes de abogacía y militantes de la organización armada Montoneros secuestrados en octubre de 1977 en la ciudad de Mar del Plata, al sur de la provincia de Buenos Aires.


La mujer se encontraba embarazada de cinco meses y luego de permanecer detenida en la Base Naval de Buzos Tácticos de esa ciudad costera, fue llevada a la ESMA, donde en febrero de 1978 tuvo un varón al que llamó Federico. Nuca se supo más de él ni de su padre.


El cadáver de Pereyra fue encontrado en 1985 en el cementerio de Mar del Plata.


En declaraciones a Radio Continental unas horas antes del anuncio, Carlotto explicó que las tomas de muestras para realizar los análisis genéticos que confirmaron la filiación biológica de los jóvenes fueron realizadas por orden judicial, ante la negativa de los mismos a someterse a un análisis.


"Cuando los chicos, estos hombres y mujeres hoy, nuestros nietos, tienen una apropiación muy fuerte, a veces se niegan a querer saber. La justicia está recurriendo en los últimos tiempos a una metodología legal que es la obtención de muestras de ADN a través de su ropa, sus objetos personales", dijo Carlotto.


"Con el tiempo van incorporando, van sabiendo, van sumando y van poniendo cada cosa en su lugar y hasta le inician juicio a sus apropiadores", agregó.


Desde 1977 las Abuelas buscan a unos 500 niños nacidos en centros clandestinos de detención o secuestrados junto a sus padres.


Según los registros oficiales, unas 13.000 personas desaparecieron durante la dictadura de 1976 a 1983, pero los grupos de derechos humanos aseguran que esa cifra asciende a 30.000.


La justicia argentina investiga si existió un plan sistemático de robo y cambio de identidad de bebés, causa por la que han sido procesados y cumplen prisión preventiva varios ex jerarcas militares.